Con la mira puesta en el uso responsable del agua y la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó reformas clave a la Ley del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Las modificaciones, impulsadas por la diputada Mariana Casillas Guerrero, buscan contener los abusos en el consumo hídrico, fortalecer la rendición de cuentas y dar un paso hacia una gestión más equitativa y transparente del recurso.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un área especializada de fiscalización enfocada en grandes consumidores, la cual operará con autonomía técnica. Además, el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia —integrado por representantes de cada municipio— tendrá ahora la facultad de solicitar auditorías financieras y de desempeño, lo que permitirá una supervisión más estricta de cómo se capta, distribuye y cobra el servicio de agua en la zona metropolitana.
Durante la sesión celebrada en el salón Guillermo Ramos Ruiz del Congreso local, Casillas Guerrero enfatizó que esta iniciativa no representa una nueva carga administrativa, sino que fortalece la estructura existente del SIAPA con mecanismos de vigilancia más eficaces y participación social. “No se trata de crear más burocracia, sino de construir herramientas para una gestión hídrica transparente y responsable, que responda tanto a la crisis ambiental como a las exigencias ciudadanas”, subrayó.
En la misma sesión, la Comisión aprobó también la celebración de mesas técnicas para discutir la iniciativa que busca regular las plataformas de hospedaje digital en Jalisco. La propuesta —que toma como referencia modelos legislativos de ciudades como Barcelona y Ciudad de México— responde a la creciente expansión de plataformas como Airbnb, cuyo impacto sobre la vivienda, el ordenamiento urbano y el acceso al alquiler ha generado tensiones en diversas zonas metropolitanas.
Casillas adelantó que en septiembre se instalarán foros abiertos a especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanía, con el propósito de recoger insumos que fortalezcan el dictamen final. “Queremos garantizar el derecho a habitar la ciudad y evitar que el fenómeno del hospedaje digital desplace a quienes han vivido históricamente en sus colonias, especialmente ante eventos como el Mundial 2026, que ya está presionando el mercado inmobiliario”, señaló.
Ambas iniciativas reflejan un intento por responder a problemáticas complejas con una legislación más participativa y con enfoque territorial. Ahora queda en manos del Pleno del Congreso traducir estas reformas en acciones concretas que impacten positivamente en el acceso al agua y en el derecho a la ciudad.
En una nueva rueda de prensa cargada de entusiasmo institucional pero escasa de fundamentos operativos, la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó la propuesta de la Ley de Industrias Creativas “Jalisco Crea”, una iniciativa que, si bien busca impulsar la economía digital y creativa en la entidad, aún deja más dudas que certezas sobre su viabilidad real.
Según la legisladora, esta nueva ley vendría a posicionar al estado como referente nacional en el sector creativo, reconociendo a este como un “motor de crecimiento económico” con un valor estimado de 2.5 billones de pesos a nivel nacional. Sin embargo, la presentación del proyecto, más cercana a una lista de buenas intenciones que a una ruta legislativa sólida, omite detalles clave sobre los mecanismos de ejecución, criterios de transparencia y evaluación de resultados.
Entre los planteamientos destacan la creación de un padrón de industrias creativas, la formación de un Consejo Estatal del ramo, así como un Fondo para financiar proyectos. Se pretende incluir desde artesanos hasta creadores de contenido digital y el sector gastronómico, sin establecer claramente cómo se definirán los criterios para la inclusión, asignación de recursos ni cómo se evitará la duplicidad con programas ya existentes.
El anuncio se dio con la presencia de actores institucionales como Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Desarrollo Económico; Alfredo Aceves Fernández, director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado, y Laura Maceira Ochoa, del Consejo Promotor de Innovación y Diseño. No obstante, la ausencia de colectivos independientes, asociaciones de artesanos o representantes de trabajadores creativos genera inquietud: ¿se está legislando para el ecosistema o solo desde la oficialidad?
Cárdenas Rodríguez mencionó que más de 5,800 jóvenes se gradúan anualmente de carreras relacionadas con la creatividad, lo cual, afirma, justifica posicionar este sector como eje económico. Sin embargo, la cifra carece de contexto: ¿cuántos de esos jóvenes logran insertarse en un mercado laboral estable?, ¿cuántos emigran?, ¿qué porcentaje trabaja en condiciones precarias o en la informalidad?
El Consejo Estatal que propone la iniciativa para “evaluar de forma transparente los recursos” suena bien en papel, pero en Jalisco, la creación de órganos consultivos suele quedar en simulación, atrapados en burocracias o capturados por intereses políticos. Basta revisar los antecedentes de otros consejos supuestamente ciudadanos para prever que sin un diseño normativo claro y contrapesos efectivos, este podría terminar siendo un espacio decorativo más.
Tampoco se detallaron mecanismos para asegurar el acceso equitativo de comunidades rurales, pueblos originarios o sectores marginados a los beneficios de la ley. La inclusión de industrias como la artesanal o la cocina tradicional exige mucho más que visibilidad en un padrón; requiere acompañamiento técnico, acceso a mercados, conectividad digital y garantías de respeto a la propiedad cultural.
En un contexto donde las desigualdades se profundizan y la clase creativa sobrevive muchas veces en la informalidad, la Ley “Jalisco Crea” corre el riesgo de convertirse en una vitrina legislativa sin impacto estructural, a menos que se construya con base en diagnósticos reales, participación directa de las comunidades creativas y mecanismos de rendición de cuentas verdaderamente ciudadanos.
La propuesta podría ser un punto de partida interesante, pero no basta con un discurso entusiasta ni con sumar siglas institucionales. Se requiere voluntad para legislar desde abajo, escuchar a quienes hacen del arte, el diseño, la creación y la innovación su modo de vida, no solo su bandera política. De lo contrario, “Jalisco Crea” será una ley más que, paradójicamente, no crea nada.
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
En un pronunciamiento cargado de preocupación y advertencias, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco acusó al Gobierno federal de estar promoviendo un proyecto de vivienda que podría desatar una ola de incertidumbre legal, debilitando el derecho de propiedad y abriendo la puerta a una peligrosa normalización de la ocupación ilegal de viviendas.
En rueda de prensa, el coordinador parlamentario, José Luis Tostado Bastidas, cuestionó que la intención de resolver el problema de las casas abandonadas a través de una posible regularización de ocupaciones irregulares manda “un mensaje equivocado” a la ciudadanía: que tomar una vivienda sin autorización podría convertirse, con el tiempo, en una vía para legalizar su posesión.
“Esto podría afectar directamente a los propietarios legítimos, trabajadores que aún están pagando su crédito, personas que se cambiaron de domicilio o incluso al propio Infonavit, que sigue siendo dueño de muchas de estas viviendas”, alertó Tostado Bastidas. “Estamos hablando de un retroceso en la certeza jurídica”.
“No se puede premiar la invasión”
La crítica fue reforzada por la presidenta estatal del partido, Mirza Flores, quien subrayó que la vivienda no es un bien cualquiera, sino el patrimonio de miles de familias mexicanas.
“Legalizar invasiones no es el camino. Las políticas públicas deben proteger el derecho a la vivienda, no ponerlo en riesgo. Actuar con responsabilidad y visión de futuro significa fortalecer la ley, no debilitarla”, enfatizó Flores.
Movimiento Ciudadano exigió al Gobierno federal abrir un diálogo serio y plural, con especialistas, autoridades locales y sociedad civil, para rediseñar una política habitacional que verdaderamente ataque las causas del abandono —como la falta de conectividad, servicios y seguridad— sin debilitar el Estado de derecho.
Tlajomulco: ejemplo de intervención local
Los legisladores recordaron que en Tlajomulco de Zúñiga ya se trabaja desde hace años en el rescate de viviendas abandonadas —más de diez mil— mediante estrategias locales enfocadas en la recuperación del tejido urbano. No obstante, remarcaron que estos esfuerzos aislados no bastan.
“Es momento de que el Infonavit explique qué planea hacer con las casi 100 mil viviendas abandonadas en Jalisco. Que estas casas no sean el símbolo del fracaso de la política pública, sino una oportunidad para reconstruir comunidades”, sentenciaron.
Llamado por la libertad de expresión en Tequila
El tono crítico de la rueda de prensa se mantuvo en otro tema espinoso: la reciente detención de un periodista en el municipio de Tequila, mientras cubría actividades en el Museo Nacional del Tequila, actualmente bajo investigación por remodelaciones presuntamente irregulares.
El grupo parlamentario exigió al alcalde Diego Rivera Navarro presentarse ante el Congreso del Estado para rendir cuentas sobre lo ocurrido y garantizar que en su administración no se coarte el derecho a la libertad de expresión.
“El periodismo no se reprime, se respeta. No toleraremos retrocesos en los derechos fundamentales”, señalaron los legisladores.
En el encuentro participaron también las diputadas Mónica Magaña Mendoza, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Celenia Contreras González, así como el diputado Omar Enrique Cervantes Rivera, quienes coincidieron en que tanto el acceso a una vivienda digna como el ejercicio del periodismo libre son pilares de una democracia que no se puede permitir grietas.
La propuesta federal, advirtieron, abre un debate necesario, pero también un riesgo inaceptable: el de institucionalizar la incertidumbre como política de Estado.
