Congreso de Jalisco da luz verde a contrataciones sin debate público: opacidad disfrazada de operatividad
Con la etiqueta de “operatividad del Poder Legislativo”, el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso del Estado, presidido por la diputada Montserrat Pérez Cisneros, aprobó una serie de fallos de adjudicación y dio luz verde a nuevas convocatorias públicas para la contratación de servicios. Lo que podría parecer un ejercicio rutinario de gestión administrativa, en realidad, sigue exhibiendo una preocupante tendencia: la discrecionalidad y falta de transparencia en la forma en que el Legislativo maneja el dinero público.
El procedimiento, realizado en sesión con la presencia de las diputadas Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, y los diputados Sergio Miguel Martín Castellanos e Isaías Cortés Berúmen, fue presentado como un acto meramente técnico. Sin embargo, el hermetismo con el que se condujo el Comité y la ausencia de detalles públicos sobre las empresas beneficiadas o los montos adjudicados vuelve a prender las alarmas sobre prácticas que, aunque legales, rozan los límites de lo éticamente aceptable.
El problema no está únicamente en lo que se aprobó, sino en cómo se aprobó: sin mecanismos claros de rendición de cuentas inmediatos ni discusión abierta sobre los criterios que determinaron los fallos. En una entidad donde las licitaciones suelen ser campo fértil para la simulación de competencia o el acomodo de proveedores afines, este tipo de decisiones administrativas deberían ser tratadas con el mayor rigor y vigilancia pública.
Más aún, el Congreso de Jalisco —que ha exigido austeridad a otros poderes y organismos autónomos— no ha explicado por qué se requiere la contratación de nuevos servicios ni si se evaluó el desempeño de los proveedores actuales. Tampoco hay claridad sobre si estos procesos derivan de auditorías internas o de una verdadera necesidad operativa, o si se trata simplemente de renovar contratos bajo otros nombres.
En tiempos donde la legitimidad de los órganos legislativos se tambalea por la creciente desconfianza ciudadana, decisiones como ésta deberían pasar por un filtro más robusto de revisión pública y ética parlamentaria. Pero aquí, una vez más, la forma se impone al fondo: todo parece estar “en regla”, pero el silencio institucional sobre los detalles deja abierta la sospecha de que, en el Congreso, lo público sigue siendo tratado como asunto privado.
La pregunta sigue vigente: ¿a quién le sirve realmente la opacidad en las contrataciones legislativas? Porque al pueblo, claramente, no.
