Durante la manifestación realizada el sábado pasado en las inmediaciones del Poder Legislativo, se registraron actos que derivaron en daños materiales en la fachada del Congreso del Estado y en diversas oficinas cercanas a la entrada principal.
De acuerdo con información oficial, las afectaciones incluyen averías en la estructura de la puerta principal, daños en la puerta y muro del museo legislativo, así como la quema de un escritorio y un sofá. También se reportaron vidrios rotos en ventanas del Palacio Legislativo ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla y daños en mobiliario de las salas J1 y J2. El lactario del Congreso resultó igualmente afectado.
Entre las oficinas dañadas se encuentra la de la diputada Alondra, donde el fuego ingresó por la ventana; además, se reportaron perjuicios en la oficina de asesores del Grupo Parlamentario de Morena.
Personal del área de Vigilancia y Custodia del Congreso, elementos de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de Jalisco, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, atendieron de inmediato la situación para controlar los incidentes y asegurar la zona.
El Congreso del Estado afirmó que mantiene un respeto pleno al derecho a la libre expresión y a la protesta social, a las que consideró pilares esenciales de la vida democrática. No obstante, informó que el área permanecerá bajo resguardo mientras se llevan a cabo las valoraciones técnicas necesarias para iniciar las reparaciones correspondientes.
En el marco del “Día Internacional de la Juventud”, el diputado César Octavio Madrigal Díaz encabezó el foro Parlamento Abierto Juvenil, un ejercicio de diálogo y participación ciudadana donde jóvenes de diversos sectores presentaron propuestas para reformar y adecuar la legislación estatal en materia de juventud. El objetivo, señaló el legislador, es fortalecer la defensa de sus derechos y atender los retos que enfrenta este sector.
El encuentro reunió a representantes juveniles, académicos, activistas, empresarios y líderes sociales, quienes compartieron diagnósticos y planteamientos para construir una agenda común con políticas públicas inclusivas y orientadas al desarrollo integral de la juventud jalisciense.
Madrigal Díaz destacó que el foro busca que la juventud proponga temas legislativos para adicionar, reformar o derogar en la ley estatal, y que sus opiniones sobre programas gubernamentales sean consideradas en la toma de decisiones del Estado, municipios y Federación. Reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan educación, empleo, participación política, innovación y bienestar social.
En este sentido, anunció que presentará una propuesta para reinstalar el Instituto Jalisciense de la Juventud, desaparecido hace cinco años, con el propósito de atender de manera integral a este sector.
Los participantes coincidieron en que los desafíos urgentes incluyen pobreza, falta de acceso a servicios básicos, discriminación, violencia, desapariciones, escasez de oportunidades laborales, atención insuficiente a la salud mental, rezago tecnológico y la necesidad de fortalecer la resiliencia juvenil.
Mientras la trata de personas sigue siendo una herida abierta en Jalisco y en todo el país, el Congreso del Estado organizó esta semana un nuevo foro con nombre rimbombante: “La Trata de Personas en México: Legislación, Impartición de Justicia y Políticas Públicas desde el Poder Ejecutivo”. El evento, promovido por la diputada Lourdes Celenia Contreras González, reunió a representantes de los tres poderes, organismos públicos y asociaciones civiles. Sin embargo, una vez más, el discurso volvió a imponerse sobre la acción, y las cifras crudas sobre este crimen continúan sepultadas bajo promesas institucionales.
Contreras González anunció con entusiasmo que presentará una iniciativa de ley para obligar a hoteles y prestadores de alojamiento a registrar a menores de edad y exigir documentación que pruebe el vínculo con sus acompañantes. Una medida que, si bien apunta en la dirección correcta, sabe a poco frente a la magnitud del problema. El sector turístico ha sido señalado por años como espacio de explotación sexual y laboral infantil, pero las inspecciones son escasas, las sanciones simbólicas y la vigilancia, prácticamente inexistente.
En el uso de la voz, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, apeló a la necesidad de acciones urgentes y transversales, pero no precisó qué iniciativas impulsará desde su posición de liderazgo legislativo ni qué seguimiento se dará a las ya existentes. En cambio, repitió lo que se ha dicho en docenas de foros: que el Estado debe garantizar los derechos humanos y actuar de forma coordinada. El aplauso no faltó, pero tampoco las omisiones.
El magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hizo un señalamiento clave: la necesidad de sensibilizar a los juzgadores ante las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, no abordó uno de los puntos más críticos: la revictimización constante en los procesos judiciales, la baja tasa de sentencias condenatorias y la falta de jueces especializados. En el papel, México tiene leyes avanzadas; en la práctica, la justicia sigue siendo un camino tortuoso para quienes han sido explotados.
Las organizaciones civiles y ponentes repitieron lo evidente: hay que fortalecer la educación, fomentar la denuncia, atender a las víctimas y actuar de forma interinstitucional. Pero no hubo una sola evaluación crítica de los programas actuales, ni mención a los recortes presupuestales que han debilitado las áreas de prevención y atención a víctimas en distintas dependencias estatales. Tampoco se habló del papel que juegan autoridades coludidas con redes de trata, ni del silencio institucional frente a denuncias públicas.
El evento se vistió con presencias políticas: diputados como María del Refugio Camarena y Luis Vidrio Martínez, representantes del Sistema DIF y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como algunos regidores del Área Metropolitana de Guadalajara. Pero fuera del auditorio, las víctimas reales siguen esperando refugio, atención médica, oportunidades reales para rehacer su vida y acceso efectivo a la justicia.
En suma, el foro sirvió para la foto, para la nota institucional y para la simulación legislativa de quienes llevan años en el Congreso sin impulsar transformaciones estructurales. Mientras tanto, niñas, niños, mujeres y migrantes siguen desapareciendo sin dejar rastro, y quienes logran sobrevivir son abandonados por un sistema que los obliga a revivir el horror en cada ventanilla.
La trata de personas es el crimen invisible del siglo XXI: se disfraza de normalidad, se esconde tras complicidades institucionales y se alimenta de discursos vacíos. Por eso, cuando las autoridades convocan a un foro más, sin comprometer presupuestos, sin garantizar resultados, y sin reconocer su propia omisión, no están combatiendo la trata: están administrando el silencio.
En sesión extraordinaria presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de acuerdos legislativos que buscan fortalecer la operatividad del Poder Legislativo, avanzar en la transparencia institucional y reiterar su compromiso con las y los jaliscienses que radican en el extranjero.
Uno de los puntos centrales de la sesión fue la reconfiguración de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamento. En este ajuste, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García dejó la presidencia de la comisión para continuar como vocal, cediendo el cargo a la diputada Itzul Barrera Rodríguez, quien fue designada como la nueva presidenta.
Otro acuerdo aprobado por el Pleno fue la renuncia de la titular de la Unidad de Vigilancia, lo que derivó en la autorización para emitir una convocatoria pública con el fin de elegir a la nueva persona titular. Este proceso será abierto y transparente, y culminará con una votación en sesión de Pleno en los próximos días.
Durante la misma jornada, el Congreso expresó de manera unánime su preocupación e indignación ante las redadas migratorias y las detenciones arbitrarias registradas recientemente en el estado de California, Estados Unidos, así como por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes tras los disturbios ocurridos el pasado 8 de junio.
Las y los legisladores manifestaron su solidaridad con la comunidad migrante mexicana, condenando el ambiente de persecución, criminalización y militarización al que se enfrentan nuestros connacionales. Mediante un acuerdo legislativo, reiteraron su respaldo a las acciones que lleven a cabo los consulados y embajadas de México, y llamaron al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos en la defensa activa de los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior.
