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Avanzan reformas para vigilar grandes consumidores de agua y regular hospedaje digital en Jalisco

Avanzan reformas para vigilar grandes consumidores de agua y regular hospedaje digital en Jalisco

Con la mira puesta en el uso responsable del agua y la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó reformas clave a la Ley del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Las modificaciones, impulsadas por la diputada Mariana Casillas Guerrero, buscan contener los abusos en el consumo hídrico, fortalecer la rendición de cuentas y dar un paso hacia una gestión más equitativa y transparente del recurso.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un área especializada de fiscalización enfocada en grandes consumidores, la cual operará con autonomía técnica. Además, el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia —integrado por representantes de cada municipio— tendrá ahora la facultad de solicitar auditorías financieras y de desempeño, lo que permitirá una supervisión más estricta de cómo se capta, distribuye y cobra el servicio de agua en la zona metropolitana.

Durante la sesión celebrada en el salón Guillermo Ramos Ruiz del Congreso local, Casillas Guerrero enfatizó que esta iniciativa no representa una nueva carga administrativa, sino que fortalece la estructura existente del SIAPA con mecanismos de vigilancia más eficaces y participación social. “No se trata de crear más burocracia, sino de construir herramientas para una gestión hídrica transparente y responsable, que responda tanto a la crisis ambiental como a las exigencias ciudadanas”, subrayó.

En la misma sesión, la Comisión aprobó también la celebración de mesas técnicas para discutir la iniciativa que busca regular las plataformas de hospedaje digital en Jalisco. La propuesta —que toma como referencia modelos legislativos de ciudades como Barcelona y Ciudad de México— responde a la creciente expansión de plataformas como Airbnb, cuyo impacto sobre la vivienda, el ordenamiento urbano y el acceso al alquiler ha generado tensiones en diversas zonas metropolitanas.

Casillas adelantó que en septiembre se instalarán foros abiertos a especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanía, con el propósito de recoger insumos que fortalezcan el dictamen final. “Queremos garantizar el derecho a habitar la ciudad y evitar que el fenómeno del hospedaje digital desplace a quienes han vivido históricamente en sus colonias, especialmente ante eventos como el Mundial 2026, que ya está presionando el mercado inmobiliario”, señaló.

Ambas iniciativas reflejan un intento por responder a problemáticas complejas con una legislación más participativa y con enfoque territorial. Ahora queda en manos del Pleno del Congreso traducir estas reformas en acciones concretas que impacten positivamente en el acceso al agua y en el derecho a la ciudad.