Aprueban en comisión reformas para evitar difusión de contenidos musicales que promuevan la violencia en espacios públicos
Con el objetivo de prevenir la normalización de conductas delictivas a través de expresiones musicales en eventos masivos, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que reforma el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Las modificaciones, promovidas por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, establecen que los ayuntamientos serán corresponsables de evitar la difusión de contenidos musicales que inciten a la violencia o hagan apología del delito en espacios públicos.
La propuesta fue integrada por tres iniciativas distintas, que se analizaron en conjunto. De acuerdo con la diputada Barrera, la finalidad no es intervenir en lo que las personas escuchen de forma privada, sino regular los contenidos que se presentan en ferias, festivales, plazas y demás eventos recreativos organizados o autorizados por los gobiernos municipales.
“El enfoque es preventivo. Se trata de establecer mecanismos que ayuden a construir entornos más seguros y con mensajes que fortalezcan una cultura de paz”, señaló la legisladora al presentar el dictamen.
Entre los principales puntos de la reforma destaca que, de ser aprobada por el Pleno, se turnará a los municipios para su aplicación directa. Esto implicará que los ayuntamientos tengan la obligación legal de supervisar los contenidos artísticos y musicales que se difundan en espacios públicos bajo su administración.
Las modificaciones responden a una preocupación ciudadana creciente por el impacto que ciertos contenidos musicales —como algunos géneros que glorifican el crimen, las armas o el narcotráfico— pueden tener en la percepción social de la violencia, especialmente entre jóvenes.
Con esta reforma, se pretende reforzar el papel preventivo de los gobiernos locales en materia de seguridad y convivencia social. Además, se busca que las autoridades municipales establezcan criterios y protocolos para vigilar el tipo de contenidos que se promueven durante actividades públicas financiadas o avaladas por el erario.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su votación final. En caso de ser aprobado, cada ayuntamiento deberá adecuar su normativa y operatividad a las nuevas disposiciones.
