En rueda de prensa, la diputada del Congreso del Estado, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó un enérgico posicionamiento contra las recientes intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Guadalajara, al denunciar sobrecostos injustificados, falta de planeación técnica y opacidad administrativa tanto por parte del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento tapatío.
La legisladora señaló que entre 2018 y 2026 se han anunciado inversiones que oscilan entre 400 y 450 millones de pesos para el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, advirtió que los recursos aparecen agrupados bajo conceptos genéricos, lo que impide conocer con precisión cuánto se ha gastado realmente por cada obra y por cada metro cuadrado intervenido.
El señalamiento más contundente se centró en la remodelación de la Plaza Liberación, cuyo costo reportado asciende a 200 millones de pesos. Ochoa Ávalos calificó el monto como desproporcionado al compararlo con obras de alta complejidad ejecutadas en el país.
Entre los ejemplos citados se encuentran el Hospital Regional de Lagos de Moreno, con un costo estimado de entre 360 y 460 millones de pesos, equipado con quirófanos y tecnología especializada; un edificio administrativo de seis niveles en Guanajuato, construido por 227 millones de pesos; y el Puente Matute Remus, obra de ingeniería avanzada con una inversión de entre 300 y 400 millones de pesos.
“Es un engaño estético y financiero. Una plaza pública, sin edificación nueva ni sistemas especializados, costó lo mismo que un hospital o un puente de ingeniería avanzada, y lo peor: se ve casi igual que antes”, sentenció la diputada.
Ochoa Ávalos también puso énfasis en el estacionamiento subterráneo Tres Poderes, obra que, de acuerdo con la documentación presentada, ha recibido recursos de manera constante desde 2022, acumulando una inversión que podría superar los 100 millones de pesos.
Pese a este gasto, el inmueble presenta filtraciones, humedad y deterioro prematuro, lo que, advirtió, podría evidenciar una posible doble contabilidad, al facturarse una misma obra como intervención urbana y como rehabilitación estructural, sin un desglose público claro ni fichas financieras detalladas.
Ante lo que calificó como irregularidades graves, la diputada anunció que desde la tribuna del Congreso de Jalisco exigirá formalmente:
La publicación del desglose completo del gasto, por obra y por año.
Transparencia total de contratos, estimaciones y convenios estatales y municipales.
La presentación del avalúo técnico que justifique el gasto de 200 millones de pesos en Plaza Liberación.
Una auditoría integral e inmediata al estacionamiento Tres Poderes.
Un informe sobre las garantías de obra, ante el deterioro ya visible.
“El dinero no es de los gobiernos, es de la gente. Venimos a exigir que el gasto público se ejerza con responsabilidad y evidencia técnica, no bajo decisiones sin sustento que solo alimentan la opacidad”, concluyó.
Bajo la consigna de garantizar la rendición de cuentas en torno a las políticas públicas que definirán el rumbo de Jalisco hasta 2030, el Congreso del Estado realizó el segundo análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, centrado esta vez en los ejes de educación, salud, bienestar social e inclusión. El ejercicio fue encabezado por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, quien destacó su importancia para articular las funciones del estado con la federación y los municipios. Sin embargo, las comparecencias estuvieron marcadas por severas críticas a la falta de profundidad, claridad y enfoque del documento rector.
Aunque los titulares de diversas dependencias del gabinete estatal acudieron con discursos bien estructurados, los cuestionamientos de las y los legisladores pusieron sobre la mesa vacíos preocupantes: diagnósticos poco aterrizados, metas ambiguas, escasa equidad regional, y una notable ausencia de mecanismos de evaluación y desglose presupuestal.
Durante su intervención, el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, intentó mostrar avances con propuestas como el fortalecimiento de un ecosistema educativo-musical y la profesionalización del sector artístico, pero no ofreció cifras concretas ni metas claras. Las acciones para restaurar espacios patrimoniales o ampliar el acceso cultural en municipios vulnerables quedaron en buenas intenciones, sin un plan operativo visible.
En el ámbito de salud y desarrollo social, las participaciones de Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, y Diana Berenice Vargas Salomón, del DIF Jalisco, apostaron por una narrativa de inclusión y redes comunitarias. No obstante, las y los legisladores coincidieron en que el plan carece de mecanismos específicos para asegurar atención real y sostenida a personas en situación de calle, adultos mayores, víctimas de desaparición o personas con discapacidad.
Desde el Congreso, figuras como Candelaria Ochoa Ávalos, Enrique Velázquez González y Verónica Jiménez Vázquez no escatimaron en observaciones. Denunciaron el tecnicismo excesivo del documento, la carencia de estrategias específicas para pueblos originarios y la limitada participación ciudadana en el diseño de estas políticas. También advirtieron sobre la desconexión del plan con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
“Si este plan pretende ser la hoja de ruta del gobierno estatal, resulta alarmante que se presente con vacíos presupuestales, sin indicadores medibles y con un enfoque centralista que ignora las realidades diversas del estado”, señaló una de las diputadas participantes, reflejando el sentir general del recinto.
A pesar de la intención declarada por Bravo Padilla de construir un marco de políticas públicas alineado y transversal, el análisis legislativo dejó en claro que el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 necesita una revisión profunda. La falta de claridad en las prioridades, la ambigüedad de los compromisos y el uso de una narrativa más administrativa que ciudadana ponen en entredicho su viabilidad como instrumento de gobernanza efectiva.
En los trabajos participaron también Andrea Zarzosa Codoceo, directora de Planeación y Evaluación Participativa; Andrea Blanco Calderón, coordinadora estratégica de Desarrollo Social; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; Héctor Pizano Ramos, procurador social; y diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas.
Lo que se esperaba como un ejercicio de diálogo institucional terminó siendo una sesión de rendición parcial, plagada de generalidades. Si el gobierno estatal busca realmente construir un plan de largo plazo que transforme Jalisco, deberá comenzar por escuchar las alertas lanzadas desde el Poder Legislativo. De lo contrario, este plan corre el riesgo de convertirse en otro documento decorativo, sin impacto real en la vida cotidiana de las y los jaliscienses.
