Denuncian abuso de poder en el Congreso de Jalisco: Diputada Brenda Carrera acusa a Martha Arizmendi ante la Fiscalía Anticorrupción
En un hecho sin precedentes recientes dentro del Congreso de Jalisco, la diputada local Brenda Guadalupe Carrera García presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, en contra de la también legisladora Martha Estela Arizmendi Fombona, actual presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. La acusa de incurrir en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 146 del Código Penal estatal.
La denuncia surge a raíz de lo sucedido en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado 10 de junio. Según expone Carrera, bajo la conducción de Arizmendi se aprobó, de forma irregular, un acuerdo legislativo para removerla de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, sin que se reuniera la mayoría absoluta que exige la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, particularmente en sus artículos 72 fracción IV y 185 fracción III.
Lo más grave, según la legisladora denunciante, es que la advertencia de esta irregularidad fue realizada en plena sesión y desechada sin procedimiento legal alguno por la propia presidenta de la Mesa Directiva, quien desestimó el reclamo y oficializó la remoción, en contravención directa al marco normativo vigente y vulnerando derechos políticos.
Para Carrera, el acto no es menor ni un simple diferendo interno, sino que constituye un precedente autoritario peligroso para el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Advierte que la normalización de decisiones ilegales desde órganos de dirección parlamentaria representa una amenaza seria a la división de poderes y al equilibrio institucional. “Permitir que se impongan medidas sin respetar los procedimientos establecidos abre la puerta a la arbitrariedad”, sostiene.
La legisladora afirma que su denuncia responde a la necesidad de defender los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso parlamentario, principios que —a su juicio— han sido transgredidos por Martha Arizmendi y su bancada. De manera tajante señala que “una votación que no alcanzó el umbral legal no puede derivar en una decisión válida, y hacerlo es imponer por encima de la ley”.
Carrera solicitó también que, una vez integrada la carpeta de investigación, se tramite la declaratoria de procedencia para retirar el fuero constitucional a Arizmendi y poder procesarla penalmente. Esto, argumenta, es un paso indispensable para garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, especialmente quienes encabezan los órganos del poder legislativo.
En su comunicado, Brenda Carrera advierte que lo ocurrido no debe interpretarse como un conflicto personal o político, sino como un acto en defensa del estado de derecho. Subraya que el Congreso debe ser un espacio de deliberación libre y legal, no un mecanismo de imposiciones ni un instrumento de mayorías circunstanciales para acallar voces disidentes.
Este episodio deja al descubierto las tensiones internas al interior del Congreso del Estado, donde el ejercicio del poder parece, cada vez más, depender de alianzas momentáneas y mayorías numéricas, antes que del respeto al marco normativo. Lo que hoy está en juego —más allá del nombre de una comisión— es la integridad del proceso legislativo y la legitimidad de las decisiones parlamentarias.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción del Estado analiza la procedencia de esta denuncia, el Congreso de Jalisco enfrenta un nuevo reto a su credibilidad institucional. Si el órgano que debe legislar con apego a la ley se permite actuar al margen de ella, ¿qué garantía queda para el resto del sistema democrático?
Lo que sigue es clave: si se demuestra que hubo abuso de autoridad por parte de quien preside la Mesa Directiva, no sólo estará en entredicho la legalidad de su actuar, sino la validez de todas las decisiones que, en esa misma lógica, se hayan tomado en nombre de la “mayoría”.
El respeto a la norma —no el conteo de manos alzadas— es lo que define un verdadero Congreso de la legalidad. Y lo ocurrido el 10 de junio, según esta denuncia, dista mucho de eso.
