Jul 17, 2025 | En voz de...
Por Daniel Emilio Pacheco
Al diputado Alberto Alfaro García le llegó el momento de indignarse. No por un desvío millonario, ni por una licitación amañada, ni por alguna auditoría que duerme el sueño de los justos… No. Lo que lo hizo estallar fue algo mucho más grave: que hay funcionarios que ganan más que él.
“Tristemente, un diputado percibe 109 mil pesos al mes”, se lamentó con tono compungido. Y lo peor —según él— es que alguien que “sirve a los ciudadanos” no debería ganar más que un legislador. ¿Quién se creen esos burócratas de la Auditoría Superior del Estado? ¿Fiscalizar y cobrar más que los diputados? ¡Qué falta de respeto al orden natural de la nómina!
Pero Alfaro no se quedó en la queja: presentó con bombo y platillo una propuesta para reformar de raíz el proceso de elección del Auditor Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Eso sí, con una fórmula infalible: más papel, más comités y más discursos.
Su plan incluye cinco ejes tan nobles como evidentes: cero nepotismo, cero agresores, cero deudores alimentarios, máximo tecnicismo y total transparencia. O sea, lo que se supone que ya debería existir. Pero como en Jalisco la ley es más un deseo que una práctica, hay que volver a escribirla cada legislatura.
Entre las novedades de la propuesta, Alfaro exige que los aspirantes a auditores pasen un examen de conocimientos, lo que sugiere que antes se elegían con juegos de “piedra, papel o compadre”. También insiste en que se les impida reelegirse, porque ya se sabe: nada peor que un burócrata con ambición y estabilidad laboral.
Pero el punto medular —el que de verdad le mueve la entraña— es el sueldo. Porque resulta que el Auditor Superior gana 151 mil pesos al mes, y otros altos cargos en la ASEJ andan rondando los 140 mil. “Eso no puede ser”, dice Alfaro. Porque si ya es un sacrificio cobrar 109 mil como diputado, ¿cómo van a venir estos técnicos a ganar más, y encima, sin ser electos por el pueblo? ¿Dónde quedó la dignidad legislativa?
La reforma, por supuesto, también contempla que los auditores especiales ya no sean elegidos por el Auditor Superior, sino por el mismo procedimiento “ciudadano y transparente”, con examen y CPS incluido. Para que todos lleguen por méritos, o por lo menos por el mismo casting.
Ahora bien, que nadie se confunda: la propuesta no busca controlar la ASEJ… solo emparejar el marcador. Porque si los diputados tienen el honor de fiscalizar al Ejecutivo, lo justo es que también puedan fiscalizar al que los fiscaliza, y de paso, cortarles el salario a quienes tienen la osadía de ganar más sin pasar por las urnas.
Así, con frases que mezclan justicia social con nostalgia por los viejos tiempos en que los diputados mandaban sin tantos peros, Alfaro promete cambiar la fiscalización pública en Jalisco. ¿La diferencia esta vez? Que por fin alguien se atrevió a hablar de lo que realmente importa: el tamaño del cheque.
Ahora solo falta ver si esta cruzada por la decencia legislativa se convierte en ley… o si todo queda, como siempre, en la bonita tradición del Congreso: exhortos, ruedas de prensa y la eterna batalla por no perder el privilegio del micrófono.
Jul 4, 2025 | Trabajo legislativo
En medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos de control interno del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por el diputado Alberto Alfaro García, aprobó este jueves el Acuerdo Legislativo para someter al Pleno la lista de candidaturas consideradas elegibles para ocupar la Unidad de Vigilancia del Congreso. Aunque se trata de un paso formal dentro del procedimiento, la falta de mecanismos que garanticen una evaluación independiente y la habitual opacidad del Congreso en este tipo de procesos vuelven a encender las alarmas.
Los ocho aspirantes que, según el dictamen, cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria son: José de Jesús Sosa López, Óscar Gerardo Romero Valenzuela, Martín Alberto García Santana, José Ricardo Álvarez Real, José Alberto Zaragoza Ruiz, Juan Carlos Alejandro Robles Rodríguez, David Rubén Ocampo Uribe y Alfredo Gutiérrez Flores. Sin embargo, más allá de sus credenciales en papel, poco o nada se sabe sobre su experiencia práctica en combate a la corrupción, fiscalización o rendición de cuentas.
De acuerdo con el procedimiento aprobado, el Pleno deberá elegir al nuevo titular mediante votación por cédula, lo que implica que cada legislador deberá emitir su voto de forma individual. Para que la designación se concrete, se requiere mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los diputados. Si no se alcanza esta votación, el proceso se declarará desierto, una salida que en el pasado se ha utilizado para justificar negociaciones políticas o prórrogas que solo benefician a los intereses cupulares.
El puesto —que se ejercerá por cuatro años sin posibilidad de reelección— es clave para supervisar el uso de los recursos del Congreso, evaluar el cumplimiento normativo de sus estructuras administrativas y emitir observaciones que puedan derivar en sanciones o denuncias. Sin embargo, desde su creación, la Unidad de Vigilancia ha tenido un perfil bajo y ha sido limitada en sus atribuciones, lo que ha debilitado su capacidad real para incidir en la prevención o castigo de actos de corrupción internos.
Por ello, preocupa que el proceso actual no incluya audiencias públicas ni comparecencias abiertas donde la sociedad civil, los medios de comunicación y especialistas puedan conocer y cuestionar a los aspirantes. Tampoco hay señales de un dictamen técnico con criterios de evaluación claros y objetivos, lo que deja el proceso sujeto a las tradicionales negociaciones partidistas.
En un contexto donde el Congreso acumula cuestionamientos por su manejo presupuestal, contratos opacos y nóminas infladas, el nombramiento del titular de esta Unidad debería ser una oportunidad para construir confianza y fortalecer los contrapesos institucionales. Pero si la elección termina reducida a un reparto de cuotas entre bancadas, como ya ha ocurrido en otras designaciones, la Unidad de Vigilancia seguirá siendo una oficina simbólica, más útil para simular controles que para ejercerlos.
Por ahora, la Secretaría General del Congreso fue instruida para ejecutar el acuerdo y publicar la lista en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio web institucional. La verdadera vigilancia, sin embargo, no depende solo del procedimiento legal, sino del compromiso político con la transparencia. Y ese, tristemente, sigue siendo el gran ausente.
