Aunque con un discurso que enarbola la apertura y la inclusión, la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso de Jalisco aprobó esta semana un conjunto de observaciones al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030 que, en los hechos, siguen dejando en la indefinición aspectos clave para una verdadera incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
Presidida por el diputado Alejandro Barragán Sánchez, la Comisión avaló —en sesión telemática— un documento que reconoce, a nivel discursivo, la necesidad de colocar a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas. No obstante, la crítica principal gira en torno a que muchas de las propuestas carecen de mecanismos claros, tiempos definidos y formas concretas de evaluación o retroalimentación ciudadana.
Uno de los puntos más débiles señalados es la falta de precisión sobre cómo operarán las consultas regionales que plantea el plan. ¿Cuándo se harán? ¿Quiénes serán consultados? ¿Cómo se incorporarán sus opiniones en las decisiones gubernamentales? Sin respuestas a estas preguntas, el riesgo es que se repita la simulación de participación que ha caracterizado a muchos ejercicios anteriores en Jalisco.
En materia de trámites gubernamentales —un dolor de cabeza cotidiano para la ciudadanía— la Comisión propuso avanzar en digitalización y uso de tecnologías. Sin embargo, la solución planteada se limita a “clasificar los trámites por tipo”, una propuesta ambigua frente a una problemática estructural de burocracia ineficiente, plataformas inestables y falta de personal capacitado.
Otro de los apartados del documento aprobado alude a la necesidad de diseñar esquemas de participación que respondan a las distintas realidades de los grupos históricamente excluidos. Aunque el enfoque es correcto, nuevamente se queda en el plano generalista: no se mencionan sectores específicos ni se proponen acciones concretas, presupuestos ni responsables.
La Comisión también hizo énfasis en “definir, comunicar y capacitar” sobre las estrategias participativas a implementar. La intención es válida, pero sin claridad en los canales institucionales, ni obligatoriedad para las dependencias del Ejecutivo estatal, se corre el riesgo de que esta recomendación quede como un llamado simbólico, sin fuerza legal ni institucional.
El documento fue turnado a la Junta de Coordinación Política del Congreso local, donde se decidirá si las observaciones tienen algún efecto práctico dentro del proceso de dictaminación del Plan Estatal. En el mejor de los casos, estas aportaciones servirán para hacer ajustes menores. En el peor, quedarán como un acto más de cumplimiento protocolario sin eco en la operación real del gobierno.
En suma, el mensaje desde el Poder Legislativo parece ser: “sí a la participación ciudadana”, pero sólo bajo condiciones difusas, sin mecanismos vinculantes y con un margen limitado de exigencia al Ejecutivo. Una oportunidad más para escuchar a la ciudadanía que podría diluirse entre formalismos y declaraciones bienintencionadas.
