En un acto que por momentos pareció más una pasarela institucional que un verdadero ejercicio de justicia social, el Congreso del Estado celebró el Primer Día Estatal de la Niña y la Mujer Indígena con un conversatorio que, aunque bien intencionado, dejó en evidencia la distancia entre los discursos oficiales y las condiciones reales que enfrentan las mujeres de los pueblos originarios en Jalisco.
El evento fue promovido por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, quien desde la tribuna aseguró que “el Congreso tiene la configuración más compleja, pero las coincidencias se encuentran en atender las necesidades más urgentes para que a la gente le vaya bien”. Sin embargo, más allá de las frases de unidad, el encuentro dejó al descubierto que las comunidades indígenas siguen esperando acciones concretas, no solo palabras.
Durante el conversatorio, representantes de diversas comunidades –entre ellas la mazahua y la otomí– hablaron con claridad y firmeza sobre lo que el Estado les sigue negando: acceso a servicios básicos de salud, respeto a sus formas de medicina tradicional, condiciones laborales dignas y políticas públicas con enfoque intercultural que respondan a sus contextos reales.
Marisa Velázquez Ramírez, Cristina Martínez Hernández, Juana Facundo Rodríguez, Esperanza Pérez y Margarita Flores fueron algunas de las voces que visibilizaron la desigualdad estructural que atraviesan. Entre las demandas expuestas destacaron la creación de brigadas comunitarias de salud, el reconocimiento oficial de la medicina tradicional dentro de los sistemas públicos y el diseño de políticas que no solo nombren a las mujeres indígenas, sino que las escuchen y las incluyan.
El problema, sin embargo, no radica en la falta de diagnósticos. Las cifras sobre exclusión, pobreza y violencia hacia mujeres indígenas son conocidas. Lo que falta es voluntad política para atender esas deudas históricas. Y lo que sobran, por desgracia, son foros con micrófonos abiertos y aplausos diplomáticos donde las demandas se escuchan… pero no se atienden.
En el evento también estuvieron presentes funcionarios de diversas instituciones, como Uriel Nuño Gutiérrez, coordinador de Extensión y Acción Social de la UdeG; Dulce Sarahí Cortés Ávila, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomulco; y Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del SIPINNA. Todos con cargos relevantes, pero sin compromisos claros derivados del encuentro.
Si el Congreso quiere que este día no se convierta en un acto meramente simbólico, deberá traducir los testimonios escuchados en reformas presupuestales, políticas públicas transversales y garantías efectivas para los derechos de las niñas y mujeres indígenas. Porque de no hacerlo, seguirá repitiéndose la escena: mujeres hablando con dignidad, mientras los representantes del poder asienten con cortesía… y se marchan sin cambiar nada.
