May 11, 2026 | Trabajo legislativo
La crisis por el suministro de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este lunes al terreno político y sanitario. La diputada local de Morena, Marta Arizmendi Fombona, urgió a declarar una alerta sanitaria ante las constantes quejas de miles de familias que denuncian recibir agua con mal olor, coloración oscura y en condiciones insalubres por parte del SIAPA.
Desde Guadalajara, la legisladora acusó que el problema dejó de ser una falla operativa para convertirse en un riesgo directo a la salud pública, al advertir posibles infecciones gastrointestinales, enfermedades cutáneas y afectaciones graves para sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“Esto ya es una alerta sanitaria”, sostuvo Arizmendi, quien criticó que las autoridades “actúan como si no pasara nada”, pese al creciente malestar ciudadano por la calidad del agua que llega a colonias de la metrópoli.
La diputada adelantó que presentará un exhorto para obligar al organismo operador a implementar medidas emergentes de apoyo social, entre ellas la entrega gratuita de pastillas de cloro para desinfectar tinacos y cisternas, filtros básicos para hogares afectados y el envío oportuno de pipas con agua potable.
Además, exigió transparencia total sobre las colonias impactadas y la publicación permanente de análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua distribuida, en medio de una crisis que ha golpeado la credibilidad del SIAPA y del gobierno estatal encabezado por Movimiento Ciudadano.
Arizmendi también arremetió contra la administración estatal al señalar que existen propuestas técnicas y académicas para resolver el deterioro del sistema hidráulico, pero acusó falta de voluntad política para atender el problema de fondo.
“Prefieren administrar la crisis que resolverla y cuidar su narrativa antes que atender al pueblo”, lanzó la legisladora morenista.
La diputada recordó además que su iniciativa denominada “Sin Agua Limpia No Hay Pago”, actualmente en análisis en la Comisión de Hacienda del Congreso local, plantea descuentos, compensaciones e incluso condonaciones a usuarios cuando el servicio no cumpla con estándares mínimos de calidad.
En un tono abiertamente político, emplazó a las y los diputados de Movimiento Ciudadano a definir si respaldarán nuevamente al SIAPA o a las familias afectadas por la mala calidad del agua.
Mientras tanto, la problemática del agua turbia continúa acumulando reportes ciudadanos en distintos municipios metropolitanos, evidenciando una crisis de infraestructura y confianza institucional que el SIAPA no ha logrado contener.
En otro tema, la legisladora informó sobre una mesa de trabajo con especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles para fortalecer su iniciativa contra el turismo sexual infantil en Jalisco. Señaló que el objetivo es construir una legislación más sólida para prevenir y erradicar este delito en la entidad.
Abr 27, 2026 | Noticias
En medio de cuestionamientos públicos por un presunto enriquecimiento ilícito, la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos salió a fijar postura con un ejercicio que, si bien se presenta como rendición de cuentas, también exhibe grietas en los propios mecanismos de transparencia del estado.
Con documentos en mano, la legisladora aseguró que su patrimonio es resultado de 42 años de trabajo como asalariada y servidora pública, negando categóricamente cualquier irregularidad. Detalló que ha cumplido de manera constante con sus obligaciones fiscales y de transparencia ante el SAT y la Contraloría del Congreso de Jalisco.
En un intento por desactivar la polémica, Ochoa desglosó el origen de sus bienes: una primera propiedad adquirida en 1997 mediante crédito FOVISSSTE; una segunda en 2011 vía INFONAVIT; y una tercera vivienda que —precisó— no le pertenece, sino a su padre de 102 años, bajo su cuidado. Asimismo, informó que posee dos vehículos, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
Sin embargo, el fondo del problema no radica únicamente en la narrativa de la diputada, sino en las inconsistencias que ella misma denunció en la plataforma estatal de transparencia. Según expuso, pese a haber solicitado la publicidad de su declaración patrimonial, los registros oficiales la mostraban con bienes en “cero”, lo que abre dudas sobre la confiabilidad del sistema y alimenta la desinformación.
“Soy una de las pocas legisladoras que ha pedido voluntariamente que su información esté disponible para consulta pública”, afirmó, al tiempo que subrayó que no cuenta con empresas ni declaración de intereses, pues —dijo— siempre ha vivido de su salario.
La controversia escaló al terreno mediático. Ochoa anunció que solicitó formalmente derecho de réplica a TV Azteca y Grupo Fórmula, a quienes acusa de difundir información distorsionada. El señalamiento no es menor: coloca en la mesa el delicado equilibrio entre la fiscalización periodística y la responsabilidad en el manejo de datos incompletos o erróneos.
Más allá de la defensa puntual, el caso deja al descubierto un problema estructural: la transparencia no solo depende de la voluntad del funcionario, sino de la integridad de las plataformas institucionales y de la calidad del escrutinio público. Cuando alguno de estos elementos falla, el resultado es un terreno fértil para la sospecha.
La diputada adelantó que el próximo 1 de mayo presentará su declaración patrimonial correspondiente a 2025, insistiendo en que lo hará bajo los mismos criterios de apertura que —asegura— ha mantenido desde 2012. Quedará por ver si ese ejercicio logra disipar las dudas o si, por el contrario, confirma que en materia de transparencia, la forma sigue siendo tan relevante como el fondo.
Ene 29, 2026 | Trabajo legislativo
Por tercera ocasión, el pleno del Congreso de Jalisco resolvió no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena restituir en la Ley del Registro Civil del Estado el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género.
La negativa del Legislativo local se produjo tras votaciones previas realizadas en octubre de 2024 y marzo de 2025. En la sesión más reciente, el dictamen fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde; 11 votos a favor de Morena, Hagamos y Futuro, y una abstención de la diputada Yussara Canales, del Partido Verde.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, advirtió que la decisión del Congreso contraviene una resolución judicial firme y vulnera derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans.
“El máximo tribunal fue claro al señalar que negar el reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento constituye una violación a los derechos humanos. No contar con un acta acorde a la identidad dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.
En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, defendió la postura de su bancada al afirmar que el Congreso puede tomar sus propias decisiones aun frente a resoluciones de la SCJN. Argumentó, además, que las personas menores de edad no cuentan con el desarrollo cognitivo suficiente para decidir un cambio de identidad de género.
“Buscar dotar de un derecho a menores de edad que aún no cuentan con un desarrollo cognitivo suficiente es adelantar casi de forma obligada su proceso de madurez”, expresó.
El origen de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando el Congreso de Jalisco eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecer como requisito ser mayor de edad. Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Poder Legislativo estatal reintegrar ese derecho en la ley.
A casi dos años de la sentencia, el Congreso de Jalisco mantiene su negativa a cumplir el mandato del máximo tribunal del país.
Ene 28, 2026 | Trabajo legislativo
Este mediodía, las comisiones legislativas de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, así como de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un nuevo marco normativo orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y fortalecer la atención integral para este sector de la población.
El dictamen, que será presentado al Pleno del Congreso, contempla herramientas clave como la creación de un Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de asegurar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.
La propuesta es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha en los que participaron cerca de un centenar de personas, entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de construir una ley alineada a las necesidades reales de quienes viven con esta condición en Jalisco.
Durante la sesión, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones e impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva ley responde a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada. Subrayó que su construcción se sustentó en un ejercicio de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes enfrentan esta realidad de manera cotidiana.
La legisladora advirtió sobre la magnitud del reto que enfrenta la entidad, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y destacó que una de las principales barreras es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita la atención oportuna.
Magaña enfatizó que el dictamen implica un cambio de enfoque sustantivo al dejar atrás la visión del autismo como una enfermedad y reconocerlo como una condición del neurodesarrollo, lo que obliga al Estado a diseñar políticas públicas transversales que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en el espectro. Detalló que la ley se integra por siete títulos y 54 artículos, con capítulos específicos en salud, educación, inclusión laboral, cultura, acceso a la justicia y apoyos sociales, que permiten una atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida.
Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, destacó que el dictamen aprobado incorpora mecanismos que dan viabilidad a la implementación de la ley, al establecer instrumentos como la Red Estatal de Centros Regionales y recursos para atención especializada, sentando las bases para una aplicación progresiva y sostenida.
La legisladora señaló que este marco jurídico tiene un enfoque de derechos, de no discriminación y de autonomía para las personas con neurodivergencias, y que garantiza un acompañamiento especializado en ámbitos como salud, educación, transporte y acceso a la justicia. Uno de los pilares del dictamen, añadió, es la expansión de la infraestructura fuera de la zona metropolitana.
Cárdenas aseguró que la ley contará con recursos para su ejecución, al precisar que ya existe un presupuesto base para la conclusión del centro en Lagos de Moreno, así como proyecciones para nuevos centros regionales. Subrayó también la relevancia del Registro Estatal como herramienta para una planeación presupuestaria eficiente, basada en datos reales y no en estimaciones.
Finalmente, destacó que la ley pone especial énfasis en eliminar las barreras que impiden el desarrollo pleno desde la infancia hasta la vida adulta, incluyendo la figura de monitores en escuelas y programas de inclusión laboral.
A la sesión asistieron 11 diputadas y diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, además de activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven con espectro autista.
Con la aprobación del dictamen en comisiones, la iniciativa continuará su proceso legislativo para ser turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde se dará lectura y se someterá a discusión para su eventual votación.
Ene 22, 2026 | Noticias
En rueda de prensa, la diputada del Congreso del Estado, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó un enérgico posicionamiento contra las recientes intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Guadalajara, al denunciar sobrecostos injustificados, falta de planeación técnica y opacidad administrativa tanto por parte del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento tapatío.
La legisladora señaló que entre 2018 y 2026 se han anunciado inversiones que oscilan entre 400 y 450 millones de pesos para el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, advirtió que los recursos aparecen agrupados bajo conceptos genéricos, lo que impide conocer con precisión cuánto se ha gastado realmente por cada obra y por cada metro cuadrado intervenido.
El señalamiento más contundente se centró en la remodelación de la Plaza Liberación, cuyo costo reportado asciende a 200 millones de pesos. Ochoa Ávalos calificó el monto como desproporcionado al compararlo con obras de alta complejidad ejecutadas en el país.
Entre los ejemplos citados se encuentran el Hospital Regional de Lagos de Moreno, con un costo estimado de entre 360 y 460 millones de pesos, equipado con quirófanos y tecnología especializada; un edificio administrativo de seis niveles en Guanajuato, construido por 227 millones de pesos; y el Puente Matute Remus, obra de ingeniería avanzada con una inversión de entre 300 y 400 millones de pesos.
“Es un engaño estético y financiero. Una plaza pública, sin edificación nueva ni sistemas especializados, costó lo mismo que un hospital o un puente de ingeniería avanzada, y lo peor: se ve casi igual que antes”, sentenció la diputada.
Ochoa Ávalos también puso énfasis en el estacionamiento subterráneo Tres Poderes, obra que, de acuerdo con la documentación presentada, ha recibido recursos de manera constante desde 2022, acumulando una inversión que podría superar los 100 millones de pesos.
Pese a este gasto, el inmueble presenta filtraciones, humedad y deterioro prematuro, lo que, advirtió, podría evidenciar una posible doble contabilidad, al facturarse una misma obra como intervención urbana y como rehabilitación estructural, sin un desglose público claro ni fichas financieras detalladas.
Ante lo que calificó como irregularidades graves, la diputada anunció que desde la tribuna del Congreso de Jalisco exigirá formalmente:
La publicación del desglose completo del gasto, por obra y por año.
Transparencia total de contratos, estimaciones y convenios estatales y municipales.
La presentación del avalúo técnico que justifique el gasto de 200 millones de pesos en Plaza Liberación.
Una auditoría integral e inmediata al estacionamiento Tres Poderes.
Un informe sobre las garantías de obra, ante el deterioro ya visible.
“El dinero no es de los gobiernos, es de la gente. Venimos a exigir que el gasto público se ejerza con responsabilidad y evidencia técnica, no bajo decisiones sin sustento que solo alimentan la opacidad”, concluyó.
